El próximo 2 de julio se decretó feriado departamental en Santa Cruz para conmemorar por primera vez en la historia nacional el Día de la Autonomía. En su argumentación, el Consejo Departamental afirmó que declaraba día festivo para permitir que la población participe de los actos de celebración.
Tuve la ventura de vivir en Santa Cruz durante cuatro años. Allí conocí al padre de mis hijos –cruceñísimo él-, allí me casé y allí nacieron mis dos hijos.
En ese tiempo, la convocatoria a un paro cívico era un mandato. La verdad sea dicha, hasta las moscas paralizaban vuelo en contra del centralismo de La Paz o protestaban contra la grave crisis económica que abatía a todo el país.
El año 2001, a pesar de la férrea resistencia de mi suegra, la verdad sea dicha nuevamente, volví a mi tierra, con familia y todo. No presencié entonces una serie de hechos que antes me hubieran parecido imposibles o, en el mejor de los casos, poco probables. Uno de ellos era que la hegemonía cívica estaba comenzando a resquebrajarse.
La lucha de varias de mis colegas periodistas contra lo que denominaron las logias que dominaban Santa Cruz era, en cierta forma, responsable de ese fenómeno. Pero el papel esencial fue jugado, sin duda, por la comprobación diaria de que el Comité Cívico de Santa Cruz defendía los privilegios de unos cuantos y no los de los cruceños de a pie.
La más sonora bofetada que recibieron los cívicos cruceños fue la alta votación obtenida por el MAS en las elecciones presidenciales de Santa Cruz, cuando ese partido logró captar el 33,1 por ciento de la votación total. La señal era clara. Si un 48 por ciento de la población cruceña había dado su voto al candidato de los grupos cívicos a la Prefectura, la ambigüedad de ese apoyo terminó consolidándose con un importante respaldo al partido de Evo Morales.
En los resultados de la Asamblea Constituyente, el MAS ganó, para mal de males de los grupos cívicos.
Desde entonces, ningún paro cívico cruceño ha sido obedecido de manera contundente. Vecinos organizados hacen la resistencia a las medidas patrocinadas por el Comité Cívico. Campesinos migrantes se enfrentan, cara a cara y de tú a tú con los dirigentes regionales y sus matones, los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista. Los indígenas manifiestan públicamente su rechazo, aunque los cívicos los acusen de traidores a la región.
Debilitada la convicción, los cívicos acuden a la corrupción: poleras y sándwiches se distribuyen entre funcionarios de cooperativas públicas de servicios, todas controladas por las logias cruceñas. Medios de comunicación hacen coro al Prefecto y al Presidente del Comité Cívico, amenazados de muerte civil por inanición, comprados por una publicidad malhabida o unidos umbilicalmente a todo el entramado empresarial/cívico/prefectural. No faltan, y sin duda son la mayoría, ciudadanos incautos que todavía creen que el Comité Cívico les dará empleo o que de verdad están luchando contra el centralismo.
Y ése es el fondo de la cuestión. Mientras el Consejo Departamental declara feriado departamental, el gobierno denuncia que el Presidente del Comité Cívico, Branco Marinkovic, se apropió ilegalmente de más de 26 mil hectáreas de tierras en Santa Cruz.
La noticia está reflejada en todos los medios locales y dice textualmente que el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz -el de la foto-, denunció que la familia Marinkovic se apropió en Santa Cruz de 27 mil hectáreas de tierras ubicadas en la provincia Guarayos.
Y no sólo eso. El viceministro dijo que la familia cometió delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Por ello, se solicitará al Instituto Nacional de Reforma Agraria la anulación del proceso de saneamiento en dos de las haciendas de Marinkovic, los predios Yasmín y Laguna Corazón, ésta última ubicada en una reserva forestal creada en 1969 en la que existe prohibición expresa para otorgación de derechos de propiedad a particulares. Éstos son los privilegios que defiende el Comité Cívico de Santa Cruz. A los cruceños se les está cayendo la venda de los ojos. En hora buena.
Tuve la ventura de vivir en Santa Cruz durante cuatro años. Allí conocí al padre de mis hijos –cruceñísimo él-, allí me casé y allí nacieron mis dos hijos.
En ese tiempo, la convocatoria a un paro cívico era un mandato. La verdad sea dicha, hasta las moscas paralizaban vuelo en contra del centralismo de La Paz o protestaban contra la grave crisis económica que abatía a todo el país.
El año 2001, a pesar de la férrea resistencia de mi suegra, la verdad sea dicha nuevamente, volví a mi tierra, con familia y todo. No presencié entonces una serie de hechos que antes me hubieran parecido imposibles o, en el mejor de los casos, poco probables. Uno de ellos era que la hegemonía cívica estaba comenzando a resquebrajarse.
La lucha de varias de mis colegas periodistas contra lo que denominaron las logias que dominaban Santa Cruz era, en cierta forma, responsable de ese fenómeno. Pero el papel esencial fue jugado, sin duda, por la comprobación diaria de que el Comité Cívico de Santa Cruz defendía los privilegios de unos cuantos y no los de los cruceños de a pie.
La más sonora bofetada que recibieron los cívicos cruceños fue la alta votación obtenida por el MAS en las elecciones presidenciales de Santa Cruz, cuando ese partido logró captar el 33,1 por ciento de la votación total. La señal era clara. Si un 48 por ciento de la población cruceña había dado su voto al candidato de los grupos cívicos a la Prefectura, la ambigüedad de ese apoyo terminó consolidándose con un importante respaldo al partido de Evo Morales.
En los resultados de la Asamblea Constituyente, el MAS ganó, para mal de males de los grupos cívicos.
Desde entonces, ningún paro cívico cruceño ha sido obedecido de manera contundente. Vecinos organizados hacen la resistencia a las medidas patrocinadas por el Comité Cívico. Campesinos migrantes se enfrentan, cara a cara y de tú a tú con los dirigentes regionales y sus matones, los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista. Los indígenas manifiestan públicamente su rechazo, aunque los cívicos los acusen de traidores a la región.
Debilitada la convicción, los cívicos acuden a la corrupción: poleras y sándwiches se distribuyen entre funcionarios de cooperativas públicas de servicios, todas controladas por las logias cruceñas. Medios de comunicación hacen coro al Prefecto y al Presidente del Comité Cívico, amenazados de muerte civil por inanición, comprados por una publicidad malhabida o unidos umbilicalmente a todo el entramado empresarial/cívico/prefectural. No faltan, y sin duda son la mayoría, ciudadanos incautos que todavía creen que el Comité Cívico les dará empleo o que de verdad están luchando contra el centralismo.
Y ése es el fondo de la cuestión. Mientras el Consejo Departamental declara feriado departamental, el gobierno denuncia que el Presidente del Comité Cívico, Branco Marinkovic, se apropió ilegalmente de más de 26 mil hectáreas de tierras en Santa Cruz.
La noticia está reflejada en todos los medios locales y dice textualmente que el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz -el de la foto-, denunció que la familia Marinkovic se apropió en Santa Cruz de 27 mil hectáreas de tierras ubicadas en la provincia Guarayos.
Y no sólo eso. El viceministro dijo que la familia cometió delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Por ello, se solicitará al Instituto Nacional de Reforma Agraria la anulación del proceso de saneamiento en dos de las haciendas de Marinkovic, los predios Yasmín y Laguna Corazón, ésta última ubicada en una reserva forestal creada en 1969 en la que existe prohibición expresa para otorgación de derechos de propiedad a particulares. Éstos son los privilegios que defiende el Comité Cívico de Santa Cruz. A los cruceños se les está cayendo la venda de los ojos. En hora buena.
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