Foto El Deber
El Gobierno negó enfáticamente que su intención sea provocar que la movilización potosina se agote en el desgaste. Afirma que su único propósito es evitar que gente inocente siga sufriendo las consecuencias de la huelga general indefinida y el bloqueo de caminos decretado en esa región y por eso demanda que, para iniciar el diálogo, necesariamente se deben abandonar las medidas de presión.
Sin embargo, ya se ha hecho común en el Gobierno adoptar la misma estrategia: Primero se desentiende del conflicto, asegurando que éste responde a dos regiones, a dos sectores o a dos federaciones campesinas.
Sin embargo, ya se ha hecho común en el Gobierno adoptar la misma estrategia: Primero se desentiende del conflicto, asegurando que éste responde a dos regiones, a dos sectores o a dos federaciones campesinas.
Y este primer paso generalmente se sostiene hasta que la situación se torna insostenible. Así ocurrió en Caranavi, donde el conflicto sólo cesó después de dos muertes y en Uncía, donde las cosas llegaron al extremo de que el último de los policías pudo haber salvado la vida si las autoridades hubieran intervenido oportunamente.
Finalmente, el tercer paso de este patrón de abordaje de los conflictos termina con la intervención de un tercero. En el primer caso se trató de una intervención, casi mesiánica, del Presidente Evo Morales, que hizo en dos segundos lo que sus ministros no pudieron hacer en dos semanas. En Uncía, la Iglesia Católica tuvo que conversar con los ayllus y logró recuperar los cuerpos, con ayuda del Defensor del Pueblo.
El Gobierno nos ha acostumbrado también a ponerse del lado del ciudadano de a pie e implorar soluciones para los conflictos, como si los ministros no fueran responsables de la administración del Estado y de la convivencia pacífica entre bolivianos. Resulta, pues, que los ministros son tan comunes y silvestres como cualquiera de nosotros, con una sola diferencia: los apetitosos sueldos y privilegios que otorgan las posiciones de poder.
No obstante, esta estrategia fracasó en las dos ocasiones en las que fue aplicada durante esta gestión, dejando heridas difíciles de cicatrizar.
Si es verdad que el Gobierno ha invertido en Potosí más que en ninguna otra región, si es cierto que el aeropuerto internacional de Uyuni será una realidad hasta fin de año, si están avanzadas las gestiones para que el complejo de Karachipampa resuelva efectivamente sus dificultades, nada es tan simple y ejecutivo como ir al lugar del conflicto, convocar a las organizaciones sociales y dejar en evidencia a los dirigentes radicales que están atizando el conflicto.
Pero el Gobierno prefiere continuar fracasando. ¿Esperará a que Oruro consume sus amenazas de asumir las mismas medidas de presión que Potosí? ¿Esperará a que grupos vandálicos aprovechen la situación y comiencen a atacar a la población, como ocurrió en otras ocasiones? ¿Arrinconará de tal modo a los bloqueadores, que la misma población se enfrentará con ellos, con todos los riesgos que ello implica? Y cuando todo eso ocurra, ¿se sentirá justificado para intervenir con la fuerza pública? Si las cosas ocurren de este modo, por supuesto, la estrategia del desgaste habrá rendido frutos, pero perjudicando al actor equivocado: al propio Gobierno.
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