Hace apenas algunas horas que vio la luz el Consejo Sudamericano de Lucha Contra el Narcotráfico en Quito, Ecuador. Este consejo estableció estrategias que permitirán la cooperación policial de toda la región para enfrentar el flagelo de las drogas, no sólo en el ámbito de producción y de tráfico de estupefacientes, sino también contra delitos conexos, como el lavado de activos de origen ilícito.
Un gran paso para los países sudamericanos, en el que Bolivia ha jugado un rol fundamental a partir de la iniciativa de regionalización de la lucha contra el narcotráfico, que ya ha dado importantes frutos, especialmente en operativos conjuntos entre Brasil y Bolivia, estrategia denominada Brabo y también entre nuestro país y Argentina, en el marco del Plan Arbol.
Desde que Bolivia prescindió de la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos, las autoridades del sector descubrieron grandes laboratorios de narcotráfico. Se estima que, sólo el año pasado, el descubrimiento de estas megafábricas evitó la circulación de al menos 70 toneladas de droga en el mundo.
Cuesta entender que la DEA no hubiera denunciado nunca de la presencia de estas grandes fábricas de estupefacientes, sobre todo si se toma en cuenta los recursos económicos y tecnológicos con los que cuenta la primera potencia del mundo para perseguir a su principal enemigo: el tráfico de estupefacientes.
Y Bolivia ha demostrado que, sin poner en riesgo su soberanía, podrá continuar enfrentando a este flagelo, destinando, por primera vez en nuestra historia, recursos del Tesoro General de la Nación para este cometido.
Es cierto que aún queda mucho por hacer frente al aumento de la producción de coca excedentaria. Es evidente que la lucha y erradicación de los cultivos ilegales es el punto flaco de la estrategia boliviana.
Eso, sin embargo, no quita los importantes avances que se están dando en otros campos, como la regionalización de la lucha contra el narcotráfico.
Debiéramos estar concientes de que la lucha contra el tráfico de drogas es responsabilidad ineludible de todos los países. Unos, como los productores, deberán esforzarse en la interdicción contra los cultivos ilegales. Otros, como los países de tránsito, en el control de las fronteras y aeropuertos. Finalmente, los consumidores, estableciendo políticas claras para combatir el mal al interior de su territorio.
En ese marco, la mal llamada cooperación de Estados Unidos, no es más que la admisión de una responsabilidad en el contexto mundial, pues si el consumo no se incrementara como cotidianamente lo hace, la producción tampoco aumentaría, porque no encontraría mercado. Y, aunque ésta podría parecer una argumentación simplista y mecánica, es, a grandes rasgos, lo que define el rol de cada país en el fenómeno del narcotráfico.
La creación de este Consejo Sudamericano es de radical importancia para Bolivia y para los países de la región, porque permitirá establecer políticas comunes y aunar esfuerzos para enfrentar a esta actividad delincuencial. En este consejo se facilitará el intercambio de información y de experiencias.
También se podrá definir negociaciones en bloque con los países consumidores como los que conforman la Unión Europea y Estados Unidos. Así, se asegurará que los países consumidores no aprovechen su poderío económico haciendo pasar por cooperación la obligación y se evitará, en fin de cuentas, que a título de cooperación, estos países terminen imponiendo políticas de intromisión y violación de la soberanía de los pueblos.
Por último, la creación de este consejo es la única respuesta posible a un fenómeno que tiene características transnacionales, pues el crimen organizado y las bandas narcotraficantes no respetan fronteras.
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