Callar en siete idiomas

Los chuquisaqueños, como cualquier ciudadano de este país, tienen derecho a movilizarse. Igual, exactamente de la misma manera, en que lo hicieron los cruceños con su cabildo del millón, o los paceños con el suyo de dos millones. A lo que no tienen derecho, como tampoco lo tienen los cívicos cruceños, es a realizar de cuando en cuando sus campañas mediáticas, satanizando todo, descalificando todo lo que no tenga que ver con ellos.
Como dije en una anterior entrada, si la capitalía se fuera a Sucre lo apoyaría, por las razones también expresadas en ese artículo. No obstante, ratifico también que no creo que esto dependa de mi subjetividad, sino de condiciones estructurales, económicas y políticas que exigen una sede de gobierno y una capital acorde a sus necesidades.
Pero de ahí a afirmar que La Paz se quiere imponer a los ocho departamentos, o que el cabildo fue una advertencia prepotente, hay una gran distancia.
Menos mal que cada día existen menos ingenuos. No es una casualidad que los primeros defensores de la propuesta chuquisaqueña sean nada más y nada menos que los representantes de la oligarquía cruceña. Tampoco es casualidad que los campesinos de Chuquisaca hayan anunciado que están en contra del planteamiento de las élites que siempre los marginaron en Sucre.
Diferencias existen, claro que sí. Ninguna organización social de importancia o de influencia en el qué hacer político o económico de La Paz se manifestó contraria al cabildo de La Paz, cosa que, para mal de males de la oligarquía cruceña y de la élite chuquisaqueña, no puede decirse de sus respectivas regiones.
Es más, a diferencia de lo que sucede actualmente en Santa Cruz y en Sucre, el cabildo de las alturas cohesionó no sólo a los paceños, sino a muchos otros ciudadanos que, desde Oruro, desde Tarija, desde Cochabamba y desde todos los rincones del país, incluso de aquéllos en los que el sí a la autonomía ganó, se oponen al modelo oligárquico/autonómico/prebendal.
En La Paz hubo voces discordantes, sí, como es normal en un escenario democrático. Sin embargo, nadie amenazó a esas voces –dos o tres, para ser exactos- con muerte civil o con no invitarlos a las reuniones. Tampoco se los amenazó de muerte porque aquí, los Ponchos Rojos son el ejército de la unidad nacional, no un grupo de matones a sueldo.
Lo paradójico es que quienes se rasgan las vestiduras y califican de prepotencia el haber dejado en claro que no permitiremos que el agropoder divida este país, quienes nos acusan de antidemocráticos y dicen que somos autoritarios, callan en siete idiomas frente a listas de ciudadanos condenados a muerte civil, frente al apaleamiento de indígenas en la plaza pública de su ciudad, frente a arengas que hacen gala de ignorancia anunciando a las madres que se derramará la sangre de sus hijos responsablemente. ¿Dónde queda su supuesta vocación democrática cuando estas cosas suceden? ¿En qué recoveco de su doble contabilidad moral queda su silencio?