Bajo el sol radiante del medio día del pasado 3 de julio, los pueblos indígenas de Santa Cruz celebraban una de sus más importantes victorias en su lucha por el territorio. Después de doce años de intensa e inclaudicable defensa del lugar en el que habitan, el pueblo indígena Chiquitano recibía de manos del Presidente de la Republica el título ejecutorial de su territorio por una extensión de algo más de 900 mil hectáreas.
La titulación del territorio indígena Monte Verde para el pueblo chiquitano es el símbolo paradigmático de la historia de los pueblos indígenas por acceder al territorio. Aunque en varias etapas el proceso se constituyó en una prueba de la subordinación a la que fueron tradicionalmente sometidos los organismos operadores del saneamiento por los sectores de poder ligados a la tierra, también es un ejemplo de la fortaleza y perseverancia de los pueblos indígenas que vencieron todos los escollos hasta ver cristalizado el sueño de tener los títulos del territorio que ancestral e históricamente les corresponde.
Monte Verde fue la primera demanda anterior a la Ley INRA y ahí radica su carácter simbólico. Su ejemplo fue, como afirmó el Viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, el estandarte de todos los pueblos indígenas de Bolivia, tanto de tierras bajas como de tierras altas de Bolivia.
El pueblo Chiquitano tuvo que demostrar que el 41 por ciento de todos los supuestos dueños que reclamaban sus tierras en realidad no tenían papeles o tenían documentación irregular. Del total de propietarios que fueron reconocidos al interior del territorio, el 37 por ciento tuvo que aceptar, en justicia, que había demandado más de lo que realmente poseía y por lo tanto su pretensión fue recortada. Sólo un 22 por ciento de los demandantes tenía papeles en regla y, también en justicia, consolidó su propiedad.
Al principio, los terceros reclamaban 444 mil hectáreas, casi la mitad del territorio de Monte Verde, de las cuales existían documentos para certificar la propiedad sólo de 134 mil hectáreas, es decir, apenas un 30 por ciento de lo que demandaban. El motor de la movilización y el acompañamiento constante de las comunidades indígenas al proceso de saneamiento ha logrado sustraer de manos de particulares 310 mil hectáreas para beneficio de las comunidades indígenas.
Sin embargo, antes de lograr estos resultados, el pueblo Chiquitano tuvo que enfrentar la corrupción y dilación por parte de las autoridades que administraron el proceso agrario y del Tribunal Agrario Nacional. Y no sólo eso, fueron víctimas de agresiones físicas y verbales, de amenazas y de violencia ejercitada incluso con grupos armados.
“Tuvimos que denunciar con nombre y apellido a los traficantes de tierras, para darles la oportunidad de demostrar ante la ley si efectivamente tenían derechos”, recordó José Bailaba, actual constituyente y uno de los principales dirigentes impulsores de la demanda.
Si bien la resolución y el posterior título representan una referencia histórica insoslayable, empieza una nueva etapa en la historia del pueblo chiquitano y grandes desafíos frente al territorio. En los primeros años, todas las energías estuvieron concentradas en recuperar el territorio y buscar su titulación colectiva. Ahora, el desafío es la gestión territorial, proceso iniciado el año 2000, para que hombres y mujeres de este pueblo decidan cómo quieren vivir en su “casa grande”, cómo conservar y aprovechar los recursos naturales, cómo generar alternativas productivas, fortalecer la identidad chiquitana y mejorar la calidad de vida de todos los hombres y mujeres de Monte Verde.
La titulación del territorio indígena Monte Verde para el pueblo chiquitano es el símbolo paradigmático de la historia de los pueblos indígenas por acceder al territorio. Aunque en varias etapas el proceso se constituyó en una prueba de la subordinación a la que fueron tradicionalmente sometidos los organismos operadores del saneamiento por los sectores de poder ligados a la tierra, también es un ejemplo de la fortaleza y perseverancia de los pueblos indígenas que vencieron todos los escollos hasta ver cristalizado el sueño de tener los títulos del territorio que ancestral e históricamente les corresponde.
Monte Verde fue la primera demanda anterior a la Ley INRA y ahí radica su carácter simbólico. Su ejemplo fue, como afirmó el Viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, el estandarte de todos los pueblos indígenas de Bolivia, tanto de tierras bajas como de tierras altas de Bolivia.
El pueblo Chiquitano tuvo que demostrar que el 41 por ciento de todos los supuestos dueños que reclamaban sus tierras en realidad no tenían papeles o tenían documentación irregular. Del total de propietarios que fueron reconocidos al interior del territorio, el 37 por ciento tuvo que aceptar, en justicia, que había demandado más de lo que realmente poseía y por lo tanto su pretensión fue recortada. Sólo un 22 por ciento de los demandantes tenía papeles en regla y, también en justicia, consolidó su propiedad.
Al principio, los terceros reclamaban 444 mil hectáreas, casi la mitad del territorio de Monte Verde, de las cuales existían documentos para certificar la propiedad sólo de 134 mil hectáreas, es decir, apenas un 30 por ciento de lo que demandaban. El motor de la movilización y el acompañamiento constante de las comunidades indígenas al proceso de saneamiento ha logrado sustraer de manos de particulares 310 mil hectáreas para beneficio de las comunidades indígenas.
Sin embargo, antes de lograr estos resultados, el pueblo Chiquitano tuvo que enfrentar la corrupción y dilación por parte de las autoridades que administraron el proceso agrario y del Tribunal Agrario Nacional. Y no sólo eso, fueron víctimas de agresiones físicas y verbales, de amenazas y de violencia ejercitada incluso con grupos armados.
“Tuvimos que denunciar con nombre y apellido a los traficantes de tierras, para darles la oportunidad de demostrar ante la ley si efectivamente tenían derechos”, recordó José Bailaba, actual constituyente y uno de los principales dirigentes impulsores de la demanda.
Si bien la resolución y el posterior título representan una referencia histórica insoslayable, empieza una nueva etapa en la historia del pueblo chiquitano y grandes desafíos frente al territorio. En los primeros años, todas las energías estuvieron concentradas en recuperar el territorio y buscar su titulación colectiva. Ahora, el desafío es la gestión territorial, proceso iniciado el año 2000, para que hombres y mujeres de este pueblo decidan cómo quieren vivir en su “casa grande”, cómo conservar y aprovechar los recursos naturales, cómo generar alternativas productivas, fortalecer la identidad chiquitana y mejorar la calidad de vida de todos los hombres y mujeres de Monte Verde.
* Éste es un resumen de una serie de notas que redacté para una separata publicada en El Deber de Santa Cruz este domingo 29 de julio.
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